La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha puesto en valor “la labor y colaboración de empresas y trabajadores para llegar a este acuerdo histórico, que ha dado lugar a un documento que aporta importantes mejoras y seguridad jurídica a la organización”.

Todo este proceso ha contado con la supervisión y la coordinación del Cabildo, a través del Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector Público de la institución insular.

La firma del convenio pone fin a un intenso proceso de trabajo que ha superado periodos complejos.

El nuevo convenio introduce mejoras, que parten de la adaptación y la actualización de un conjunto de conceptos retributivos, así como mejoras de tipo social y organizativas, que darán lugar a incrementar la calidad del trabajo, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, y la estabilidad.

Para la consejera, “la culminación de este proceso de negociación supone un hito fundamental entre los objetivos marcados para este mandato, dado que logra sentar las bases reguladoras de las relaciones laborales de la empresa, permitiéndonos enfocar de una manera adecuada los esfuerzos para una mejor consecución del fin social que persigue Sinpromi”.

En este sentido, Fumero considera que “este acuerdo va a repercutir en el desempeño social de Sinpromi, que acaba de cumplir su 30 aniversario, consolidándose como una entidad que ha contribuido a cambiar la sociedad tinerfeña, a través del impulso y la promoción de valores que garantizan la igualdad de oportunidades entre todas las personas”.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Fariña, como representante de los trabajadores aseguró que “el convenio que se aprueba incorpora importantes mejoras y aporta una mayor seguridad jurídica”, a lo que agrega que “la entrada en vigor de este convenio implica la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de Sinpromi con el resto del sector público insular, y se convierte en una ventana de oportunidad para continuar en la mejora de las condiciones laborales y de prestación del servicio público, que permiten el desarrollo de planes de reclasificación profesional, de igualdad y adecuación de la estructura organizativa”.